Perú: 410 mil abortos clandestinos al año

En el Perú el aborto está prohibido e incluso se sanciona con pena de cárcel, esta práctica se ha incrementado, alcanzando los 410 mil abortos al año. siendo la tercera causa de muerte materna en el país.

El Código de Ley de Cánones de 1917 castigó el aborto con la excomunión. La legislación
canóniga revisada continúa su tradición al decretar que una persona que busca el aborto,
automáticamente (Latae Sententiae)incurre en la excomunión (Canon 1398). La excomunión
afecta a todos aquellos que cometen este crimen conociendo el castigo que conlleva y por lo
tanto, incluye a los cómplices sin cuya ayuda no habría podido ser cometido el crimen (Canon
1329).

*Una de cada siete mujeres que se someten a prácticas abortivas sufre complicaciones, por lo que tienen que ser internadas en algún hospital o centro de salud.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en América Latina y el Caribe alrededor de 3 millones 700 mil mujeres recurren a abortos ilegales, que cobra la vida de 3 mil 700 de ellas. Por cada mil mujeres en edad reproductiva, se presentan 29 abortos no seguros y por cada cien mil nacimientos se producen 30 muertes por abortos inseguros.

A mujeres y niñas que se enfrentan a embarazos capaces de segar su vida o dañarlas permanentemente se les niega un aborto legal, o ellas ni siquiera saben que tienen el derecho a procurárselo”, dijo Angela Heimburger, investigadora de Human Rights Watch en materia de derechos de las mujeres y autora del informe. “El gobierno no sólo tiene la obligación de generar conciencia sobre el derecho a abortos legales seguros, dignos y asequibles, sino también debería hacer que el acceso al procedimiento sea lo menos doloroso posible”.
Negar el acceso al aborto legal puede agravar embarazos riesgosos y ocasionar graves trastornos emocionales. Por ejemplo, M.L., casada y madre de un infante, dijo a Human Rights Watch que cuando tenía 30 semanas de gestación los médicos le informaron que el feto no sobreviviría. Ella solicitó un aborto legal, pero éste le fue denegado por esos mismos médicos en un hospital público de Lima. “Me dijeron que la ley no lo permitía, que eso no se podía hacer”, relató a Human Rights Watch. Se le practicó una cesárea de emergencia para remover el feto muerto varias semanas después, cuando su embarazo llegó a término. Como resultado de ello, M.L. sufrió depresión y, cuatro años después, todavía está tratando de recuperarse emocionalmente. “No quisiera que esto le pase a otra mujer; lo que me pasó fue horrible”.
En el Perú, al igual que ocurre en otros países, restringir el acceso a la interrupción legal del embarazo no reduce la cantidad de abortos que se realizan. La atención del aborto simplemente se torna clandestina. Las mujeres que cuentan con suficiente dinero e información pueden realizarse un aborto clandestino en circunstancias relativamente seguras. Sin embargo, para muchas mujeres y niñas pobres del país los abortos son frecuentemente inducidos por personas no calificadas ni reguladas, o incluso se lo practican ellas mismas con remedios caseros riesgosos.

“Las mujeres y niñas peruanas que tienen derecho a un aborto terapéutico nunca deberían ser empujadas a la clandestinidad u obligadas a pagar sumas exorbitantes en clínicas privadas. Estos abortos deberían estar fácilmente disponibles en el sistema de salud pública, tal como lo manda la ley”, dijo Heimburger. “Forzar a mujeres y niñas pobres, y con frecuencia analfabetas, a ponerse en manos de proveedores no capacitados conlleva riesgos graves para ellas y las familias que dejan detrás”.